Despenalización de la droga: Subversión del Estado de Derecho, atentado a la Seguridad Publica y destrucción del Orden Moral
Ante las noticias que han tomado estado público sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y ante el alarmante estado virtual de la subversión del Estado de Derecho y la seguridad de las personas garantizados por la Constitución Nacional, este Movimiento hace público su Manifiesto y su Posición frente a la inminente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la cual se ofendería en forma amenazante la Salud Pública, la Seguridad y el Derecho a la Vida Sana y Digna de las personas.
Es sabido que la intoxicación con drogas peligrosas, estupefacientes y demás que comercializa el narcotráfico internacional y sus personeros del país, ocasiona daños irreparables a las personas respetuosas de la Ley y el Derecho, y a los individuos sanos en general. La criminalidad organizada desde las Altas Esferas del Poder Político que financia campañas de candidatos y partidos a cambio de impunidad y zonas liberadas, hace que estos mismos personeros del narcotráfico nacional, es decir, los representantes locales de los carteles de la droga denominados de Cali, Medellín, Bogota (Colombianos), Tijuana (Méjico) y de Nueva York, (ese gran negocio internacional inglés), que apoyaron sectores del menemismo, del duhaldismo y otros candidatos actuales que se desgarran las vestiduras ante quienes los financian, motivan la corrupción del aparato judicial y político de la Nación a través de la liberación de criminales reincidentes quienes se drogan para cometer crímenes y todo tipo de delitos al amparo de la inimputabilidad que el articulo 34 del Código Penal de la Nación concede a quienes en estado de intoxicación con alcohol o drogas, al equipararlos mientras esta bajo su efecto a los dementes, los cuales no pueden ser procesados ni imputados de delitos mientras no se encuentren lucidos al momento de cometerlos.
Es así como niños de la calle, chicos de barrios carenciados marginales y todo tipo de personas, son llevados al consumo de drogas peligrosas por parte de criminales e inescrupulosos que ya sea a través del vicio adquirido o de entrenamiento delictivo aceptado, terminan cometiendo actos criminales demenciales y lamentables que no solamente ofenden la moral publica y afectan a terceros, sino que terminan produciendo hechos irreparables, destruyendo familias enteras e individuos útiles y trabajadores, asesinando y asaltando, produciendo violaciones infamantes y todo tipo de hechos injustos que solo traen tristeza, dolor, injusticia y sufrimientos imposibles de reparar por medios económicos ni por medios judiciales, toda vez que los criminales terminan siendo liberados por el Poder Judicial que en casi todos los casos es funcional a los que ejercen el Poder Ejecutivo.
Los habitantes del país se encuentran amenazados así por la inseguridad y la criminalidad permitidas omisivamente por la inacción de los organismos del Estado, que tienen a su cargo exclusivo el monopolio de la fuerza y la seguridad que no es ejercida responsablemente por nadie, a lo que se suma la anarquía judicial.
Esto no es ni será nunca una "cuestión polémica", aspecto bajo el cual se pretende distorsionar la realidad y desviarla de su sentido lógico. La salud, la seguridad y la paz social son derechos y sobre esto no hay negociación posible. Ninguna polémica se puede abrir sobre el Derecho a la Vida de las personas, en este sentido, las cosas son lo que deben ser o no lo son.
El Alto Tribunal de la Nación ha distorsionado el sentido lógico del Artículo 19 de la Constitución Nacional (principio de reserva) con su pretendida interpretación que ha tomado estado público.
Si la drogadicción y el consumo de drogas son objeto de asistencia médica de personas que anteriormente fueron sanas y luego se enfermaron haciéndose viciosas por el consumo, esto es por exclusiva responsabilidad de los poderes del Estado a quienes esta encomendada la seguridad, el control y la protección de los habitantes del país. En este sentido, el Estado y sus poderes han demostrado ser altamente irresponsables mostrando con su actitud una clara complicidad en los sucesos que la drogadicción ocasiona.
La sociedad se encuentra indefensa ante la creación de leyes que en lugar de organizar y dirigir la civilización hacia una sociedad feliz basada en la virtud y la alegría, solamente tiene a cambio de su credulidad y buena fe, la amenaza, la muerte, la traición y la irresponsabilidad de los decadentes poderes públicos, dejándola indefensa ante los asesinos y criminales que se multiplican día a día.
El Derecho a la Vida y la Salud esta por encima de cualquier otro valor reconocido por la ley, y todo aquello que atente contra ellos, se trate de leyes o poderes, atenta contra el Derecho a la Legitima Defensa de la vida y al instinto de supervivencia de la especie. Nadie esta obligado a someterse a leyes que atentan contra la vida de las personas en favor de un minúsculo grupo de intoxicados por drogas.
Cuando un pueblo se defiende por su vida, todos los medios son validos. Ante la impotencia de un Poder Publico corrompido que impone normas y leyes contra del interés general y en favor de un grupo de narcotraficantes organizados y tolerados por el poder político desde las sombras, no le queda otro camino que oponerse a esas leyes que lo perjudican y atentan contra su vida, su salud y su dignidad.
No basta con profesar y sostener una conducta día a día pasiva y respetuosa de las leyes con la esperanza estúpida y vana en que la Justicia actúe en favor de los ciudadanos honestos. Ante la injusticia de arriba, la rebelión de abajo. Es necesario que los habitantes de la Nación que se consideren dignos y ajenos a la traición organizada y criminal pase a la acción y tome partido por uno u otro bando.
La Patria necesita Defensores en esta hora triste de humillación y muerte, y todos los hombres y mujeres que se consideren dignos de estar gran tarea y esta lucha por la resurrección nacional, deben tomar en sus manos el Destino y oponerse tenazmente a la maldad.
La Libertad y la Vida no se negocian ni pueden ser objeto de ningún tipo de trato político o jurídico.
Las personas sanas no tienen por que verse amenazadas por parte de los narcotraficantes disfrazados de consumidores de drogas para uso personal, ni están obligadas a verse expuestas a la amenaza en nombre de las leyes. Las leyes deben defender la sociedad, no perjudicarla.
¡Despierta Argentina! ¡Libertad y Pan!
Artículo publicado en www.boletinmjl.com.ar
